Este año ha sido el de las audiencias públicas en Colombia. Audiencias para oír a los Directores del DAS las explicaciones sobre por qué chuzaron ilegalmente a periodistas, miembros de la oposición y magistrados. Audiencias para escuchar a militares bajo cuya jurisdicción se cometieron delitos de lesa humanidad. Audiencias en donde paramilitares que dirigieron masacres en los rincones más alejados del país, para cumplir con sus métodos de limpieza social, desterrar a la guerrilla, asegurarse control territorial en corredores claves para el narcotráfico o para proyectos de cultivos de multinacionales, carean a sus víctimas. Decenas de horrorosas confesiones se han oído de boca de mandos medios y altos, un buen número de ellos desde sus cárceles en Estados Unidos, que han aportado aunque en incompleta medida, una dosis de verdad que las víctimas han demandado por años.
El camino de estas audiencias se abrió con la Ley 975 de Justicia y Paz creada en 2005 para cumplir con los preceptos internacionales de verdad, justicia y reparación para víctimas en los conflictos armados. En Colombia, desde su debate hasta su puesta en marcha, ha sido muy polémico el hecho de que es muy laxa con los victimarios, y priorizó hechos como la extradición de jefes paramilitares por cargos de narcotráfico, sobre el derecho de los sobrevivientes a conocer por ejemplo, dónde están los restos de sus seres queridos.
Es más, el año pasado el partido Liberal (opositor al gobierno) intentó en vano hacer aprobar una Ley de Víctimas que recogiera de manera mucho más ajustada a la justicia transicional internacional, preceptos vitales para ellas como la confesión y la garantía de no repetición. El Congreso finalmente abandonó a las víctimas al votar en contra de la iniciativa, argumentando que el artículo que pretendía repararlas en casos donde los responsables fueran agentes del Estado, era inadmisible. Es decir, según el gobierno, la reparación sólo le compete a los actores armados ilegales, como si los legales, policía y ejército, tuvieran licencia para violar los derechos humanos.
En medio de la campaña presidencial, algunos candidatos como el aspirante liberal Rafael Pardo y el del Polo Democrático, Gustavo Petro pusieron como eje central de sus propuestas la búsqueda de una reparación material y simbólica, la rehabilitación de víctimas y la extinción de tierras del narcotráfico con el objeto última de devolvérselas a sus verdaderos dueños. Ni Pardo ni Petro, férreos defensores de esos millares sin nombre y apellido que son desplazados o sin tierra, compite hoy en la segunda vuelta presidencial.
Los elegidos para disputarse la carrera final a la Presidencia, Antanas Mockus del partido verde y Juan Manuel Santos, del partido de la U, han insistido en hacer cumplir los fallos en los que la Corte Constitucional obliga al Estado a indemnizar a las víctimas, pero ellas claramente no son el eje de sus campañas. No obstante adentrándose en los programas de gobierno de cada uno, llama la atención que el candidato Mockus contempla en uno de sus puntos una deuda eterna con esta población: Promete crear programas para dar atención psicológica a las víctimas o testigos de actos de violencia, aunque reduce la iniciativa los menores de edad.
Es precisamente éste el aspecto más rezagado en términos legales e incluso culturales: Entender que el trauma se debe atender primordialmente en su dimensión psicológica y que ésta no puede ser excluida de la reparación. En cinco años de la ley, en los que ninguno de los 33 mil paramilitares desmovilizados ha sido condenados, por fin un caso llegó a la última etapa de proceso que es la reparación integral y la condena: Mampuján. En esta vereda ubicada en el departamento de Bolívar, los paramilitares ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ perpetraron la masacre de 11 personas en marzo de 2000, hecho que provocó el desplazamiento de más de 1200 colombianos.
La ley contempló que para esta audiencia de reparación, cuyo fallo se espera conocer en las próximas semanas, la responsabilidad debe ir más allá de los asesinatos, y reparar temas esenciales para las comunidades como la ruptura del tejido social, el ataque a su identidad cultural y tradiciones ancestrales, la desarticulación de los movimientos sociales y económicos; la imposición de un modelo violento y autoritario y la estigmatización de los campesinos que fueron en su momento señalados como guerrilleros. Todo esto sin duda, contribuye mucho a la etapa del postrauma.
El problema es que de la realidad de la ley a la práctica, hay mucho trecho. Otras ocho audiencias de este tipo se tienen previstas para este año pero el optimismo es moderado. El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, culpa al Estado por ponerle trabas a la reparación integral, tras enviar a los jefes paramilitares a Estados Unidos. En este esquema si bien los victimarios le está dando la cara a las víctimas, el Estado les da la espalda al no reconocer sus responsabilidades y dejarlas combatiendo solas con sus propios traumas. Así el camino para la reconciliación se hace cada vez más largo.
