Siempre que se acerca el 3 de mayo, día en que se conmemora la libertad de prensa en el mundo, la reflexión sobre el periodismo en Colombia, llega a conclusiones poco alentadoras. Después de encabezar deshonrosas listas sobre la violación a ese derecho, los índices de asesinatos a periodistas se han reducido y quizá hoy sea muy osado decir que Colombia es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, hecho innegable una década atrás.
Los periodistas Hollman Morris (i) y Claudia Julieta Duque (d), quienes encabezan la lista de los 'chuzados' del DAS. EFE/Carlos Durán
Este año, sin embargo, el gremio recibió buenas noticias: Dos colombianos, Hollman Morris y Claudia Julieta Duque recibieron sendos premios internacionales por su defensa de la libertad de prensa. Morris, quien es un Ochberg Fellow 2009, no solo se ganó este año la prestigiosa beca Nieman de la Universidad de Harvard, sino que recibió el premio Samuel Chavkin a la Integridad en el Periodismo otorgado por NACLA (North American Congress on Latin America). A Duque por su parte, Reporteros sin Fronteras Suecia le otorgó el premio de Libertad de Prensa 2010 y IWMF (International Women’s Media Foundation), le entregará en octubre el premio al coraje periodístico.
No obstante, además de los reconocimientos, a ellos los atraviesa un triste episodio en común: Encabezan la lista de periodistas ‘chuzados’ por la policía secreta de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que les ha dedicado manuales enteros que indican como amenazarlos, perseguirlos, desprestigiarlos e incluso, intimidar a sus familias.
Claudia Julieta es corresponsal de Radio Nizkor y la investigadora principal del asesinato del también periodista y humorista Jaime Garzón, cuya investigación fue desviada por el DAS, según comprobaron sus hallazgos. Hollman es director y productor del programa investigativo de televisión Contravía, quien ha sido públicamente señalado por el Presidente Uribe de ser “aliado del terrorismo” por su cobertura de víctimas. Él mismo escribió un capítulo en el libro “Las perlas uribistas” en el que relata su persecución.
Ambos colegas han dedicado valiosas horas de sus vidas, como reporteros y como víctimas, para conocer la verdad sobre quién es la cabeza del sabotaje, si se tiene en cuenta que esta central de inteligencia es un organismo adscrito directamente a la Presidencia de la República.
Ellos por supuesto no fueron las únicas víctimas. El DAS chuzó a magistrados de las altas Cortes, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos, en lo que se ha conocido en Colombia como una ´cacería criminal´. Tres directores del DAS fueron destituidos de sus cargos, mientras cuatro en total (incluido el actual) han sido llamados a juicio.
Lo que hasta ahora conoce el país es que al interior del DAS fue creado en 2003 un Grupo Especial de Inteligencia conocido como G3. Su mentor fue el entonces subdirector José Miguel Narváez, quien ordenó a 27 seccionales interceptar sin permiso judicial, las conversaciones de los opositores del gobierno. Narváez es investigado por concierto para delinquir con los paramilitares y en una audiencia reciente señaló que autodefensas y narcotraficantes infiltraron al DAS. Su inmediato jefe era el director Jorge Noguera, quien es enjuiciado por la Corte Suprema por haberle suministrado a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados.
Los investigadores del G3 tenían la orden de emprender una guerra política contra opositores que incluyera técnicas de “sabotaje” y “desprestigio”, especificadas en 166 folios que ya tiene la Fiscalía en su poder. Las ordenes incluían: Difundir encuestas sobre el nivel de aceptación de ciertos personajes públicos; distribuir panfletos, grafittis y libros e incluso crear páginas web en su contra; hacer montajes de falsos actos de terrorismo para inculpar a los “chuzados”; desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno; generar división al interior de los movimientos de oposición y desatar una guerra jurídica.
El nivel de infiltración fue tal, que incluso se ‘chuzaron’ las embajadas de Ecuador, Venezuela y Cuba en el país. El escándalo propició que la Embajada de Estados Unidos en Colombia interrumpiera la ayuda en equipos para el DAS, por temor a “que se le den malos usos”, según lo explicó el embajador William Browfield.
Algunas voces en el país, como el candidato liberal a la presidencia, Rafael Pardo, han pedido que el tema se lleve a la Corte Penal Internacional. ¿Será ese el camino que le queda a Colombia, para encontrar a los culpables intelectuales de esta persecución? Ojalá sea la justicia nacional la que condene estos innombrables abusos. Ojalá a Hollman y Julieta, les llegue más que reconocimientos internacionales, una buena dosis de verdad sobre los responsables de su intranquilidad.
